SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS
El desenvolvernos de manera adecuada en la sociedad implica que contemos con las condiciones para poder hacer valer nuestros derechos.
La seguridad resulta fundamental ya que sólo en un ambiente en el que nuestros derechos se encuentren debidamente resguardados, será factible que podamos desarrollarnos plenamente.
Para que la seguridad ciudadana pueda construirse se requiere contar con estrategias que permitan aprovechar y optimizar los recursos públicos, tecnológicos, materiales y humanos con que cuenta el Estado mexicano, lo cual implica la suma de esfuerzos para abatir la delincuencia, no sólo desde el ámbito público, sino, también desde la participación de la sociedad civil, a partir de la prevención y cuando ésta falle, lograr detener de manera oportuna a los responsables de los delitos.
La seguridad ciudadana se refiere a esa condición o estado en ausencia de amenazas que pongan en peligro a la sociedad, de manera individual o en su conjunto, de ahí que se considere un ideal alcanzarla para poder ejercer plenamente los derechos.
También implica la existencia de políticas públicas orientadas a suprimir las amenazas de seguridad e incrementar la protección de la población, las cuales deben estar sustentadas en prácticas sociales existentes.
Hace cerca de 17 años se planteaba a propósito de la seguridad pública, la necesidad de incorporar en la Constitución un compromiso a cargo del Estado que permitiera dejar en claro a quien le corresponde dicha función. Hasta entonces parecía que el incremento de la violencia y la ineficiencia institucional para combatirla provenía de la imprecisión o ausencia de leyes que fueran claras respecto de quienes deberían de asumir la responsabilidad de garantizar una adecuada seguridad ciudadana.
De esa manera surgió la idea de que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
A partir de entonces, también se planteó desde la Constitución que la seguridad pública solo podría alcanzarse con un desempeño de las instituciones acorde a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
En algunas ocasiones, la realidad que enfrentamos como país rebasa la imaginación respecto de la incidencia delictiva, la violencia con la que actúan algunos delincuentes y sobre todo, con los actuales niveles de eficiencia institucional de las áreas encargadas de la prevención, investigar los delitos, procesar y vigilar la ejecución de las sanciones contra quienes obran al margen de la ley.
La articulación de esfuerzos y en especial el cuidado a las instituciones para alcanzar el ideal del desempeño profesional resulta esencial en este ámbito; fundamentalmente conseguir niveles de prevención del delito que eviten el surgimiento de más células de la delincuencia. Lograr modelos educativos que otorguen alternativas de desarrollo a las nuevas generaciones y sobre todo, las coloquen en niveles de competitividad para participar en el desarrollo nacional. De de otra forma, se irá acrecentando la idea de esa denominada subcultura de la ilegalidad, en la que algunos suelen pensar que es preferible vivir al margen de la ley que dentro de los cauces jurídicos.
Detener a los responsables de cometer delitos, sin duda que es una tarea esencial para evitar la repetición de sus acciones dañinas para la sociedad, pero es quizás más importante el conseguir una adecuada prevención de conductas delictivas.
Hay que trabajar en la prevención para impedir que se sigan multiplicando los delitos. De no hacerlo, es como si se pretendiera atrapar a diversos mosquitos y se hace la tarea uno a uno, entre tanto continua el pantano, de donde se van generando miles en el mismo sitio, dando lugar a una producción interminable, y mientras no se tomen acciones para evitar que se sigan reproduciendo, entonces los esfuerzos por atraparlos serán prácticamente en vano.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Raúl Plascencia Villanueva
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